Reforma a la justicia ley 906 de 2004

Reforma a la justicia aplicada en la  ley 906 de 2004

Tal como se viene planteando, es incuestionable que se trata de una nueva forma de administrar la justicia penal, con objetivos concretos y absolutamente claros, solo resta resolver el dilema fundamental en el sentido de la posibilidad que tiene los operadores de realizar los objetivos de la ley, esto es, hacer un juicio pronto, oral, concentrado, garantista y articulado con el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales.

Se plantea lo anterior por las grandes dificultades que se presentan para disponerse al cambio y eso se viene viendo desde el momento mismo de la presentación del proyecto en tanto la gran mayoría de funcionarios de entrada se opusieron al mismo, presentando como argumento diferentes actitudes y explicaciones todas necesariamente conectadas con la apatía y la oposición al cambio y no se puede perder de vista que la transformación del sistema implica una adecuación mental que debe ir mas lejos que la simple actitud de que todo cambia para que todo siga igual, ya que la implementación de las nuevas figuras exige una nueva concepción de la justicia penal, sobre todo en lo que tiene que ver con las partes e intervinientes.

Lamentamos sí que el acto legislativo, tratándose de un sistema acusatorio así no sea puro pues su origen o fuente inmediata es indefinible, como ya se dijo, integre al ministerio público con unas funciones absolutamente confusas, generando la gran duda en torno a si se trata de una parte, un interviniente o un simple ente de control. Esa indefinición crea grave tensión entre los componentes del sistema ya que, creemos nosotros, su participación se tendrá que limitar exclusivamente a cumplir sus funciones como órgano de control siguiendo los lineamientos en ese sentido contemplados en la constitución política. Y es importante dejar sentada una posición en torno a este tema por las complejidades que introducirá en el nuevo modelo; la participación del ministerio publico, dado que ni es parte ni es interviniente mal podría postular pedimentos de fondo, ya que ello implicaría una función por fuera del contexto legal.

Ahora, si se trata de cumplir las funciones de control establecidas en la constitución en los artículos del 275 al 284, su participación debe ser de carácter general y tendrá que ser controlada a su vez por el respectivo juez en tanto se debe evitar el desequilibrio que generaría en el sistema al asumir una posición que beneficie ya sea al imputado o acusado o en beneficio de la víctima o en contra del mismo imputado o procesado. Es decir, se trata de uno de los grandes dilemas que esperamos se puedan resolver en equilibrio y con la ponderación necesaria. La estructura entonces de la ley 906 es clara en la medida en que permite que todo el proceso penal sea público y es en este punto donde los operadores de justicia deben asumir una nuevo posicionamiento ya que será la sociedad la que ejerza el mayor control sobre sus actos y eso de entrada ya implica toda una trasformación como quiera que será ella la que determine hasta que punto el nuevo sistema funcionara o no.


La reforma completa puede ser descargada desde el siguiente link: http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/ESP/Leyes%20para%20el%202007/COLEY_906_DE_2004.pdf